6 de abril de 2026.
Comunicado sobre el uso seguro del paracetamol una oportunidad para fortalecer la prevención y el rol sanitario.

En los últimos días, distintos medios de comunicación informaron que el Ministerio de Salud Pública (MSP) analiza o prevé implementar cambios en el acceso al paracetamol de 500 mg o más, en el marco de la preocupación por su vinculación con intoxicaciones y su utilización en intentos de autoeliminación, especialmente en adolescentes. Las coberturas periodísticas vinculan esta discusión con datos del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), que muestran un aumento de consultas relacionadas con intoxicaciones por medicamentos.

Más allá del alcance final que adopte la medida, el tema abre una discusión relevante para el sistema de salud: el uso seguro de los medicamentos, la prevención de daños y la necesidad de fortalecer las respuestas frente a problemas de salud mental. En ese marco, conviene recordar que los medicamentos de venta libre no están exentos de riesgos, y que su utilización debe acompañarse siempre de información adecuada, orientación profesional y educación sanitaria.

Es importante tener presente que la normativa vigente (Decreto 18/989) establece distintas categorías de medicamentos según su condición de venta: medicamentos psicofármacos y estupefacientes (con receta profesional rigurosa especial), medicamentos de venta bajo receta de profesional autorizado, medicamentos de control médico recomendado y medicamentos de venta libre en condiciones reglamentarias. Cada una de estas categorías responde a distintos niveles de riesgo y condiciones de uso, siendo fundamental su correcta aplicación para garantizar la seguridad de la población.

El paracetamol es un medicamento ampliamente utilizado y con un perfil de seguridad conocido cuando se emplea correctamente, su venta hoy, dependiendo de la especialidad que se trate, puede ser libre en condiciones reglamentarias o bajo control médico recomendado. Sin embargo, como ocurre con otros fármacos, en determinadas dosis o circunstancias puede generar consecuencias graves. Por eso, cualquier revisión de las condiciones de acceso debe entenderse no sólo como una decisión regulatoria, sino también como una oportunidad para reforzar estrategias integrales de prevención.

En este escenario, la farmacia comunitaria ocupa un lugar clave. Su cercanía con la población la convierte en un punto de contacto privilegiado para promover el uso responsable de los medicamentos, ofrecer consejo profesional, identificar situaciones de riesgo y orientar a las personas hacia una consulta oportuna cuando sea necesario.

El fortalecimiento de este rol asistencial resulta especialmente importante cuando se trata de medidas que buscan equilibrar acceso, seguridad y cuidado de la salud mental.

Resulta fundamental señalar que, independientemente de la condición de venta del medicamento, su dispensación debe realizarse exclusivamente en farmacias habilitadas, y no en otros puntos de venta. Este principio es central para asegurar la intervención del profesional Químico Farmacéutico y un adecuado control sanitario.

Asimismo, resulta fundamental señalar que no alcanza únicamente con exigir receta médica como medida de control. Es necesario contar con mecanismos efectivos de fiscalización que aseguren el cumplimiento de la normativa vigente. En este sentido, un punto clave es reafirmar que los medicamentos deben ser dispensados exclusivamente en farmacias habilitadas, y no en otros puntos de venta, garantizando así la intervención del profesional Químico Farmacéutico y un adecuado control sanitario.

La discusión actual también invita a avanzar en una mirada más amplia, que combine regulación, educación, prevención y acompañamiento. Cualquier política orientada a reducir daños será más efectiva si se integra con acciones intersectoriales, apoyo a las familias, detección temprana y respuestas accesibles para adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

En definitiva, el debate sobre el acceso al paracetamol no debería limitarse exclusivamente a la exigencia o no de receta médica. También puede ser una oportunidad para reafirmar que el uso seguro de los medicamentos es una responsabilidad compartida y que la prevención requiere del compromiso coordinado de autoridades sanitarias, profesionales de la salud, instituciones y comunidad.

p/ Asociación de Química y Farmacia del Uruguay